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Agencias

Perú aún no sabe qué hacer con los restos de Abimael Guzmán

El destino del cuerpo de Abimael Guzmán, líder del irregular Sendero Luminoso, no está definido y se mantiene en controversia. Una senderista reclamó los restos en representación de Elena Iparraguirre, esposa del cabecilla terrorista; el Gobierno alega que la decisión corresponde a la Fiscalía, y preocupa la posibilidad de que una sepultura de "Gonzalo" genere un lugar de culto para sus seguidores.

Ante esta situación, exagentes del GEIN (Grupo Especial de Inteligencia), que capturaron al cabecilla de Sendero Luminoso hace 29 años, han pedido que el cadáver sea cremado y las cenizas lanzadas al mar. Juristas y exministros de Estado consideran que esto es posible "si se hace viable su legalidad". Es decir, si se apela a leyes vigentes para un caso grave como este.

Según las leyes, un familiar directo puede reclamar el cuerpo para decidir sobre el destino de este. Iparraguirre, presa con condena judicial de terrorismo, expresó su deseo de que se lo entreguen, apenas se supo del deceso, a través de un audio difundido por seguidores de Guzmán y su ideología extremista.

Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre se casaron con venia del gobierno de Alan García. "Al estar condenados no se les puede privar de sus derechos fundamentales", dijo entonces García.

La senderista Iris Yolanda Quiñones Colchado presentó este domingo 12 a la Fiscalía un escrito en el que Iparraguirre le da poder para que reclame el cuerpo en su representación.

Quiñones fue detenida en los noventa y sentenciada por tribunales sin rostro del Poder Judicial. Luego de anularse esta condena, recibió otra en un proceso regular. En el informe de la Comisión de la Verdad, aparece como "camarada Bertha", mando militar que participó del asesinato del coronel de la Policía Manuel Tumba como venganza por la captura de Guzmán.

En el sitio web del Movadef, el movimiento político senderista, Quiñones aparece como firmante de una carta con otras subversivas en reclamo por la situación de quienes llama "prisioneros políticos" ante el avance de la pandemia de la COVID-19.

Por estar cumpliendo condena judicial, Iparraguirre tiene sus derechos restringidos. "Necesita autorización de un juez para poder dar un poder a otra persona, y esta pueda recibir el cuerpo de la Fiscalía", dice el abogado penalista Carlos Caro.

 "Si nadie reclama el cuerpo, el Estado decide, puede cremarlo y eliminar sus cenizas, enterrarlo en una fosa común, etc. Quien reclama el cuerpo con un 'poder' de Iparraguirre tendría que tener poder notarial. Ello implica que el juez que controla la ejecución autorice el acto notarial. Si en 36 horas no pasa ello, decide el Estado", sostiene.

 "No hay norma que permita al Gobierno disponer del cadáver después de la necropsia e investigaciones. Debe invocarse al estado de necesidad para no entregarlo. Un informe de Dircote que demuestre que cualquier tipo de entierro generaría delitos, y un decreto supremo o resolución ministerial de Interior basta", aduce el también abogado penalista César Nakazaki.

Iparraguirre ha sido sancionada por el INPE (Instituto Nacional Penitenciario) por la llamada telefónica que generó el audio que difundieron sus seguidores luego de la muerte de Guzmán. Ha dispuesto que la trasladen a un penal de máxima seguridad, según se comunicó. Su abogado, Sebastián Chávez, contó que el escrito que presentó Quiñones tiene un teléfono para que Iparraguirre pueda confirmar que ella le dio ese poder. La Fiscalía ha anunciado que se evaluará este documento para decidir.

Otro abogado de Iparraguirre, Alfredo Crespo, presentó una demanda judicial de hábeas corpus ante la Corte del Callao el mismo sábado 11 para reclamar que se entreguen los restos de Guzmán a su esposa. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao, a cargo del juez Sergio Núñez, ha declarado infundado este recurso judicial.

El Ejecutivo ha expresado que la decisión sobre el destino del cadáver del terrorista corresponde al Ministerio Público. "Como Gobierno respetamos la ley y la independencia de poderes. No nos corresponde decidir sobre la disposición final del cuerpo del terrorista Abimael Guzmán, pues es competencia del Ministerio Público", tuiteó Presidencia de la República.

Sin embargo, si en 36 horas no hay un pedido que la Fiscalía considere válido para entregar el cuerpo, este pasaría a disposición de la autoridad sanitaria, es decir, el Ministerio de Salud, dependiente del Gobierno, según advierten especialistas. Entonces, es posible que el Ejecutivo deba enfrentar esta controversia y decidir qué hacer con el cuerpo del cabecilla terrorista.

El primer ministro Guido Bellido ha apelado a la autonomía de poderes refiriéndose a las competencias de la Fiscalía.

Los exagentes del GEIN, que capturaron a Guzmán en 1992, han dicho que el cadáver debería ser incinerado y tirado al mar. Esta opción ha sido mencionada por diversos sectores recordando lo ocurrido con Osama Bin Laden, pero el Estado peruano no ha hecho un protocolo o normativa para casos especiales como este.

Sin embargo, juristas como Luciano López y exministros como Alberto Otárola lo consideran viable y necesario. "¿De quién depende decidir sobre los restos del mayor genocida del Perú? Del Poder Ejecutivo. No de la Fiscalía. Le toca decidir lo que no decidieron diversos gobiernos desde hace 29 años en que fue capturado, porque era previsible que sucedería", sostiene López.

Agrega que Guzmán no debe ser tratado como un ciudadano cualquiera, pues aún después de muerto puede generar riesgos para la seguridad nacional.

 "Por carácter excepcional del caso sugiero se expida resolución suprema basada en derecho constitucional a paz y tranquilidad de los peruanos, disponiendo incineración y depósito de restos en altamar. Ministros deben asumir responsabilidad legal por interés superior de la patria", considera Otárola, exminitro de Defensa.

Neumonía bilateral

Guzmán murió por una "neumonía bilateral" causada "por un agente patológico", según la necropsia. El Ministerio Público comunicó pronto que su cuerpo recibirá el tratamiento que dispone la normativa vigente conforme a la Ley General de Salud y el Código Procesal Penal.

La conclusión del protocolo de necropsia Nº326-21 de la morgue del Callao está sujeta a los resultados de las pericias patológicas, toxicológicas, químicas, entre otras, dispuestas por el fiscal a cargo de este caso.

Sobre la identificación plena de Guzmán Reinoso se está a la espera de los resultados de las pruebas biológicas, de ADN, dactiloscópica, odontograma y antropológica a las que fue sometido el cuerpo durante la diligencia criminalística.

Más temprano, el INPE informó que no daría ningún permiso a Iparraguirre y que su rol como institución terminó con el traslado del cuerpo del subversivo al Instituto de Medicina Legal.

Guzmán, señalado como el más grande genocida del país, presentaba una serie de problemas de salud desde el 17 de julio, por los cuales fue atendido en la prisión de máxima seguridad. Sin embargo, se había negado a ser transferido a un centro de salud, luego de rechazar ingerir alimentos por algunos días.

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